Anúncia tu página de internet aquí de tu negocio en Cuautitlán Izcalli, Edo. de México CUAUTITLAN IZCALLI: mayo 2011

LETICIA SERVIN

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domingo, 29 de mayo de 2011

Anabel Hernández: Calderón y sus cómplices

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/05/29/anabel-hernandez-calderon-y-sus-complices/?=Source=home

Con sus alternancias y transiciones utópicas, es correcta la imputación de López Obrador de que los sexenios panistas han sido mafias de foxistas y calderonistas. Con la victoria pírrica de Fox y el ilegítimo triunfo, dudoso como el de Salinas, de Calderón, llevaron a sus socios, amigos y familiares a los cargos administrativos, legislativos y judiciales. Y contra la consigna de Carlos Castillo, perdieron el partido (ya en decadencia) y perdieron el gobierno, dedicándose al saqueo (haciéndose de recursos para sus campañas electorales en puerta, echando manos del capital de la banca de desarrollo, mientras buscan desacreditar a sus enemigos a través de la Unidad de Inteligencia Financiera que escarba en los “ahorros” de funcionarios y políticos).





Juan Camilo, Iván, Mouriño Terrazo –hijo de una millonaria familia española radicada en nuestro país (los Mouriño Atanes, Escalante y Terrazo), y quien había financiado a Calderón desde que ambos se encontraron en la Cámara de Diputados– fue el principal cómplice-amigo hasta que, como a Colosio, desde los pasillos del poder presidencial, lo mandaron matar.



Las historietas Calderón-Mouriño, García Luna-Calderón y otras parejas de Calderón son parte del excepcional libro Los cómplices del presidente, de la reportera Anabel Hernández. En nueve capítulos, una presentación y un índice onomástico (con más de 400 páginas), la periodista amenazada de muerte por el mequetrefe Genaro García Luna (policía improvisado desde el foxismo, protegido de la Sahagún) nos cuenta, con pelos y señales, los intereses creados del calderonismo (la prima-hermana de la esposa de Calderón, una de las cómplices del incendio de la Guardería ABC, protegida y exonerada). Mouriño era el elegido de Calderón para sucederlo, pero, en el camino de la oficina presidencial a la Secretaría de Gobernación, cambiaron los planes (remember Salinas-Colosio), y tras su homicidio, ahora el favorito es García Luna, el temible policía con la pistola amartillada en cuanto escucha la palabra periodista.

Anabel Hernández enfocó su trabajo periodístico en la creciente corrupción que existe (mansión, sospechoso en Francia de depósitos, favoritismo a sus cómplices, montajes televisivos para sus capturas y su cercanía con Calderón más allá de la relación entre un empleado y el jefe, etcétera); y en sus textos del cotidiano quehacer del diarismo, como en sus documentados libros, va del foxismo al calderonismo ofreciendo en los medios periodísticos las mejores aportaciones para que los lectores conozcan de primera mano cómo los panistas resultaron listos para el saqueo, tontos para la administración, estúpidos para gobernar y unas “chuchas cuereras” para los abusos al amparo de la impunidad del manto presidencial. Periodista hasta las últimas consecuencias, reportera incansable, Anabel Hernández no se ha dejado intimidar y continúa el cumplimiento de su deber.



Ficha bibliográfica:



Autora: Anabel Hernández



Título: Los cómplices del presidente



Editorial: Grijalbo





García Luna amenaza a la periodista Anabel Hernández

Autor: Álvaro Cepeda Neri
Revista Contralínea
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/05/29/garcia-luna-amenaza-a-la-periodista-anabel-hernandez/?=Source=home
 
Padece la nación las sangrientas embestidas de homicidios, secuestros, desapariciones, censura y mil y una agresiones más por parte de dos delincuencias. La cada vez más violenta y retadora de los narcotraficantes y de los que, en el río revuelto de esa violencia, cometen otros delitos, y de los delincuentes-funcionarios que abusan del Poder Judicial y Ejecutivo: jueces, magistrados y ministros a la par de presidentes municipales, gobernadores y quienes, auxiliados militar y policiacamente, integran con sus estertores autoritarios la Presidencia de la República. Penal y administrativamente, esas modalidades de la “moderna” conducta delincuencial someten a la población a oleadas de terror, donde todos los días afloran cadáveres en fosas clandestinas (mineros sepultados); mujeres y hombres asesinados (por ajuste de cuentas entre narcotraficantes) que asistían a una fiesta, caminaban por las calles, y víctimas de los retenes soldadescos o revisiones policiacas.





Cientos de miles (según el calderonismo, más de 40 mil; aunque otros conteos denuncian una cifra cercana a 100 mil, con los feminicidios, niños con sus madres, estudiantes, periodistas, campesinos, turistas, migrantes, etcétera) han caído en una no guerra que va en aumento y pone las condiciones para el golpe de Estado que favorecerá la coronación del ingeniero Genaro García Luna, pistolero que tiene amartillada su arma contra la periodista Anabel Hernández y su periodismo de investigación. Ese protegido de Calderón fue pillado en tremenda corrupción, abuso de poder policiaco e investigaciones (en Francia, Estados Unidos y otros países, presuntamente por depósitos en efectivo).



Con su tartamudez disminuida por su impunidad para hablar y actuar, ¡dicta desayunos-conferencias sobre seguridad!, como la que presentó en la capital de Sonora el pasado martes 24 de mayo, cobrando 500 pesos con recibos deducibles de impuestos y cuya “invitación” apareció en el diario El Imparcial (7 de mayo de 2011). Este personaje siniestro y tenebroso al que protege su jefe, amigo y socio, Calderón, con toda la impunidad panista-presidencial, sigue amenazando a la reportera Anabel Hernández para que ya no investigue los vasos comunicantes de su vida pública y de funcionario, que sigue abusando de su poder (junto con su segundo de a bordo: Luis Cárdenas, con una investigación suspendida en la Procuraduría General de la República) para matar delincuentes y civiles.



Foxista, calderonista y panista, pero, sobre todo, como los nazis: siempre amartilla la pistola cuando escucha la palabra periodista, y más cuando se trata de la reportera Anabel Hernández. El que goce de tanta impunidad y que una marcha –no obstante de plantear la petición constitucional de su renuncia o cese– no logre su separación del cargo significa que existe una complicidad entre él y Calderón (Anabel Hernández, Los cómplices del presidente, editorial Grijalbo).



Ya la periodista ha informado sobre las amenazas del policía García Luna. Ya la sociedad, por medio de manifestaciones y cuestionamientos a su sangriento desempeño, ha solicitado su remoción. Ya se han publicado en los medios de comunicación (incluso en los duopolios de televisión) los abusos del ingeniero-amigo de Calderón. Pero Televisa, saliendo al paso de esos cuestionamientos y en pago a los favores recibidos por Calderón, la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Comisión de Competencia, en el pleito a muerte contra el imperio de Slim (donde Televisa y Telmex son una oligarquía plutocrática), le ha dedicado programas telenoveleros para defenderlo.



El asunto es mucho muy grave. García Luna trata de cumplir sus amenazas contra la reportera. Y es que el policía de la impunidad (el poder es el poder de matar) sabe que tiene una cola muy larga y que la investigación periodística de Anabel Hernández continuará, cumpliendo con su trabajo y su deber, ya que la prensa y el periodismo son contrapoder para exhibir a los canallas que abusan del poder. Y uno de ellos es García Luna, a quien responsabilizamos de lo que le suceda a Anabel Hernández, pues tiene amartillado el abuso del poder policiaco y éste, como dijo Calderón, es “la fuerza” con visos de golpismo.

El Equipo, un fracaso de Televisa... y de García Luna

El Equipo, un fracaso de Televisa... y de García Luna


Jenaro Villamil
Proceso.
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/91767

Desprecio por las normas y leyes, protagonismo y proclividad al uso de la televisión para ensalzar las acciones de la policía que dirige han sido constantes en la actuación del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Su pifia más reciente: la teleserie El Equipo, producida con recursos del erario y que, al no lograr los mínimos de audiencia esperados no tendra una segunda temporada. Además, los senadores piden que la Cámara de Diputados inicie juicio político contra el superpolicía por desacato al recibir la condecoración de un gobierno extranjero sin autorización del Congreso.




MÉXICO, D.F., 28 de mayo (Proceso).- Disgustó a altos mandos del Ejército por su evidente menosprecio al papel de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, fue duramente criticada en las redes sociales por su contenido propagandístico, mereció dos debates en la Comisión Permanente del Congreso, pero, sobre todo, no gustó a las audiencias televisivas, acostumbradas a telenovelas y melodramas de otro cariz.



Antes de que transcurrieran dos semanas desde su estreno en el horario estelar de Canal 2, el lunes 9, el rating de la teleserie El Equipo disminuyó de 15 a 13 puntos en el Valle de México, y a menos de 8 puntos a escala nacional, según datos de Ibope Agm.



Esos índices son muy bajos para el horario de las 22:00 horas, considerado el de mayor audiencia. Hace apenas tres meses, las telenovelas de Televisa rebasan los 18 puntos de rating en el Valle de México y los 10 puntos en todo el país.



A pesar del despliegue publicitario en Televisa y de la inversión de 150 millones de pesos realizada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para su producción y transmisión, El Equipo no pasó de los 15 capítulos originales –transmitidos del lunes 9 al viernes 27– y resultó contraproducente para los fines propagandísticos del titular de esa dependencia, Genaro García Luna.



El declive de la teleserie coincidió con la difusión de los cables de WikiLeaks que mencionan a García Luna como colaborador de los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos, publicados esta semana en La Jornada, y con la discusión generada en el Congreso porque el titular de la SSP recibió, el jueves 19, un reconocimiento del gobierno colombiano, sin el permiso del Poder Legislativo.



El artículo 37 de la Constitución, en su fracción III, señala que la ciudadanía mexicana se pierde “por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso federal o de su Comisión Permanente”.



La SSP envió al Congreso una solicitud de permiso el miércoles 18, horas antes de que el jefe policiaco recibiera el galardón de manos del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien encabezó la lucha contra el narco en el gobierno de Álvaro Uribe.

Extracto del reportaje que se publica en la edición 1804 de la revista Proceso, ya en circulación.

miércoles, 11 de mayo de 2011

Anabel Hernandez: Genaro García Luna Sigue Empeñado En Matarme.

Démos difusión a este video, a éstas amenazas que ha sufrido la periodesta Anabel Hernéndez, autora de Los Señores del Narco.



EXIGIMOS A FELIPE CALDERÓN INVESTIGUE A GENARO GARCÍA LUNA Y A SUS "ACHICHINCLES", EXIGIMOS SU DESTITUCIÓN Y CÁRCEL.
Anabel, en éste blog estamos contigo.



Ver video:



Anabel Hernández y Genaro García Luna

Anabel Hernández y Genaro García Luna

Miguel Ángel Granados Chapa
Proceso


MÉXICO, D.F., 9 de mayo.- Valiente en vivo como por escrito, la periodista Anabel Hernández clamó el miércoles pasado por la seguridad necesaria para ejercer su oficio, y por la solidaridad de sus compañeros. Está amenazada de muerte. Ella, y su familia. Y dispone de información puntual de cómo el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, a quien citó por su nombre, ha dispuesto eliminarla, harto de la información sobre sus nexos con la delincuencia organizada y la actividad ilícita de la plana mayor que lo acompaña desde sus días en la Policía Federal Preventiva.



La periodista hablaba en el foro Impunidad como Limitante de la Libertad de Prensa…, organizado por la representación de la ONU en México y por el Senado de la República. El espacio en que hacía la denuncia, el patio de la ya exsede de esa cámara, se hallaba muy poco poblado en ese momento. Tras el acto inaugural, se habían retirado los representantes de los organizadores. La voz de Anabel Hernández parecía no tener eco. No lo tuvo allí, ante el monumento a Belisario Domínguez, y no lo tuvo en los medios, ni ese día en los electrónicos, ni al día siguiente en los impresos. Ningún órgano de difusión, entre los muchos que signaron el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, recogió la denuncia de la periodista. Nadie tuvo presente que el noveno de los criterios editoriales de ese acuerdo dispone “solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros o medios”. Aun los que tomaran demasiado al pie de la letra el que la solidaridad debe producirse cuando los amagos provengan de la delincuencia organizada podrían negar que el talante de García Luna para ese y otros efectos se asemeja a los de esa fuente de peligro.



Anabel Hernández hizo ya la denuncia en diciembre pasado, al presentar en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara su obra Los señores del narco. También presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que concedió crédito a sus temores y gestionó medidas cautelares. Pero la amenaza no cesa. Y ya ha tenido, aunque en forma indirecta, expresiones concretas de lo que puede ocurrirle.



El 28 de noviembre pasado este semanario presentó un adelanto de Los señores del narco. El primero de diciembre siguiente, en vísperas de la presentación del libro en la FIL tapatía, Televisa fue el canal escogido por el gobierno para castigar ese atrevimiento de la periodista, de editorial Grijalbo y de Proceso. Un delincuente convertido en testigo protegido, que sirve lo mismo para un barrido que para un fregado, apareció en la pantalla señalando al reportero Ricardo Ravelo y a la revista misma de recibir dinero del narcotráfico. Es parte de una estrategia vengativa. Se comienza por debilitar el prestigio de un medio o de una o un reportero para dar paso después a acciones directas, las que teme caigan sobre ella Anabel Hernández.



La reportera ha fijado largamente su atención en García Luna, desde que era director de la Agencia Federal de Investigación y para congraciarse con la primera dama Marta Sahagún llegaba a Los Pinos con portafolios repletos de regalos que no osan decir su nombre (Fin de fiesta en Los Pinos.) Su mirada sobre el ahora secretario de Seguridad Pública se afinó al escribir Los cómplices del presidente. La portada del libro, aparecido en 2008, los mostraba sin embozo: flanqueando a Calderón aparecen Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación a la hora de su muerte, y García Luna, cuya permanencia resulta inexplicable, salvo para quienes en esas páginas han leído las motivaciones que da la periodista a la complicidad entre el secretario y el presidente.



En sus trabajos para Reporte Índigo, la revista electrónica que dirige Ramón Alberto Garza, Anabel Hernández ha descrito el enriquecimiento de García Luna, inexplicable a la luz de sus ingresos regulares en el cuarto de siglo en que ha sido servidor público. La capacidad de ahorro de un funcionario excepcionalmente bien pagado no es suficiente para consolidar una fortuna inmobiliaria como la del antiguo director de la AFI.



Los señores del narco, como se aprecia desde la portada, está dedicado sobre todo a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, pero en el libro abundan las referencias puntuales a García Luna. Le corresponde una parte de responsabilidad en la huida del ahora primer capitán del narcotráfico en México, porque en su área cuando era alto funcionario de la PFP, con funciones de vigilancia penitenciario, estaban las cámaras que no fueron capaces de registrar los movimientos del sinaloense en su camino hacia la calle, de que goza desde hace ya más de 10 años. El director del penal de alta seguridad del que se fugó El Chapo, Leonardo Beltrán Santana, a quien se imputó responsabilidad en la escapatoria, está igualmente libre desde junio pasado, por decisión del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, que depende de García Luna.



Éste “ha tratado a toda costa –escribe la periodista en Los señores del narco– de que los casos contra su grupo no trasciendan. En la SIEDO hay una pila de expedientes que duermen el sueño de los justos con imputaciones directas contra él y su equipo por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada; la PGR se ha negado a entregarlos; ni siquiera permitió que los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública les echaran un vistazo. Se entiende por qué”.



También se rehúsa a informar sobre el número de averiguaciones previas abiertas contra García Luna entre 1999 y 2008. “En enero de 2009 –dice Anabel Hernández– el IFAI resolvió un recurso de inconformidad interpuesto porque la PGR se había negado a dar la información. El instituto ordenó a la procuraduría que entregara el expediente, pero hasta el cierre de la edición de este libro la procuraduría no había cumplido con la orden”.



La tenacidad inteligente de la periodista incomoda y, más aún, irrita al secretario García Luna. Frente a sus amenazas, ella requiere solidaridad del gremio y seguridad para el ejercicio de su oficio. En el antiguo Senado reprochó a las agrupaciones de periodistas, y a todos quienes a ese oficio se dedican, el limitarse a contar periodistas muertos. Es preciso evitar que mueran. Tiene razón Anabel Hernández, quien debe saber que no está sola.



miércoles, 4 de mayo de 2011

Gobierno militar.

Gobierno militar

John M. Ackerman
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/90609

MÉXICO, D.F., 25 de abril.- Con la nueva versión de la Ley de Seguridad Nacional, que se pretende incluir en la avalancha de dictámenes que aprobará en los próximos días la Cámara de Diputados, se busca abrir la puerta al franco establecimiento de un gobierno militar en el país. En lugar de escuchar el reclamo popular de “No + sangre” y empezar a construir una ruta para el retiro de las Fuerzas Armadas de las calles y el establecimiento de un ejercicio de rendición de cuentas ante tribunales civiles, Felipe Calderón está empeñado en normalizar y ampliar el nuevo papel de los militares de control directo sobre la población.

La verdadera nuéz de esta reforma, que ha sido negociada en sigilo entre las Fuerzas Armadas, la Presidencia y algunos sectores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es la nueva definición de “paz” que incluye. El dictamen contiene joyas argumentativas como la siguiente: “La paz debe interpretarse como el estado contrario a la guerra, pero no como el estado exento de conflictos o alteraciones diversas de mayor o menor peligro. La Constitución no señala expresamente que existen diversos ‘niveles o grados’ de paz, por lo que no se debe interpretar este concepto en ‘blanco y negro’. Existen las más variadas gamas de grises; la paz en todo lugar y momento es relativa”.

Estos absurdos malabares, que de forma peligrosa plantean la existencia de una “paz conflictiva”, tienen el macabro objetivo de ignorar lo expresado en los artículos 29 y 129 de la Constitución. En el primero, la Carta Magna permite la declaración temporal de un estado de excepción únicamente frente a casos de “perturbación grave de la paz pública”. En el segundo, el texto constitucional señala tajantemente que, “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. La jurisprudencia en la materia (Tesis 38/2000) también es explícita al señalar que las fuerzas militares únicamente pueden trabajar en auxilio de las autoridades civiles, y nunca sustituirlas o suplir sus funciones constitucionales.

Pero Calderón ya ha demostrado que no le presta demasiada atención a lo que dice la Constitución. Y tampoco cuenta con la legitimidad social y política requerida para lograr modificaciones a la Carta Magna. Así que, tal como ocurrió con la reforma petrolera, y más recientemente con la reforma laboral, el Partido Acción Nacional y el PRI se proponen empujar su agenda por la vía de una reforma capciosa a una ley secundaria que supuestamente permitiría una reinterpretación del texto constitucional.

De manera preocupante, con la nueva Ley de Seguridad Nacional también se buscaría eliminar la posibilidad de enjuiciar en tribunales civiles a los militares que cometan delitos contra la población. En cumplimiento de una serie de fallos recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la minuta aprobada por el Senado señalaba que “las conductas que (las Fuerzas Armadas) realicen y pudieran ser constitutivas de delito, que afecten a personas civiles, serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes con estricta observancia de los principios de objetividad, independencia, imparcialidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 (que se refiere a la competencia de las ‘autoridades civiles’) y 133 (que otorga a los tratados internacionales la calidad de ‘ley suprema’) constitucionales”. Sin embargo, el dictamen de los diputados señala que los delitos de los militares únicamente serán perseguidos y sancionados “de conformidad con las normas legales que los rigen”. En otras palabras, será el Código de Justicia Militar el único instrumento a ser aplicado.

El dictamen que se discutirá en comisiones incluye disposiciones que permitirían a las Fuerzas Armadas liberarse de los mandos civiles para convertirse en “coordinadores responsables” ante “afectaciones a la seguridad nacional”. Así, los militares ya no serán solamente “auxiliares” sujetos a las órdenes de los mandos civiles, sino que estarían directamente a cargo de la “guerra” de Calderón. De esta manera, ya no serán Genaro García Luna ni Marisela Morales los encargados de informarnos sobre el estado de la seguridad de la nación, sino el general Guillermo Galván y el almirante Mariano Saynez, quienes directamente asumirían la conducción pública y política de la estrategia de seguridad pública. De aquí solamente faltaría un pequeño paso para que estos poderosos mandos militares puedan ocupar directamente el mando de todo el país desde Los Pinos.

Otros detalles problemáticos del nuevo dictamen son la autorización a los militares para coadyuvar con la PGR en detenciones y cateos, realizar “operaciones de vigilancia y seguimiento” y establecer retenes de manera indiscriminada. También se autoriza a los militares dilatarse en la entrega a la PGR de los delincuentes detenidos “en flagrancia” con el fin de “proteger la integridad física de la autoridad”. Asimismo, el nuevo capítulo octavo de la ley amplía de manera radical las facultades del presidente de la República para utilizar unilateralmente a las Fuerzas Armadas cuando existan “amenazas provenientes del exterior”. Así que bastará con la participación de un par de narcos colombianos en algún acto de violencia para que Calderón realice su sueño de “disparar misiles” contra cualquiera que se le ponga en frente.

Pero quizás el elemento más preocupante de la pretendida reforma es la autorización incluida en el artículo 74, VIII para la intervención de las Fuerzas Armadas en la represión de “acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social” cuando constituyan un “desafío” o “amenaza” para el país. Estos términos se definen, respectivamente, como un “obstáculo” que “afecta parcial o totalmente la integridad o estabilidad del Estado mexicano” y uno que “atenta contra la permanencia o la existencia del Estado mexicano”. Al parecer, Calderón se ha inspirado en la respuesta violenta que el general Gadafi ha dado a los rebeldes libios.

La paz no se debe matizar, negociar ni dejar al arbitrio de las fuerzas militares o de Calderón. Ojalá que los diputados actúen y defiendan las instituciones estatales y la Constitución antes de que el verdadero “peligro para México” se materialice por medio de un golpe militar.