Victorino Barrios Dávalos, titular de la Contraloría de la LVI Legislatura local, indicó que en los municipios de Ayapango, Cocotitlán, Chalco, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Toluca, Metepec y Lerma, se registraron los mayores casos de que funcionarios públicos contrataron a sus familiares para ocupar puestos en esas administraciones.
A nueve meses de que concluya la gestión en los 125 ayuntamientos del estado de México, se han presentado 129 denuncias ciudadanas de nepotismo en 92 municipios mexiquenses, de los cuales se han resuelto 43 y 49 están aún por determinar si los servidores públicos incurrieron en irregularidades.
Victorino Barrios Dávalos, titular de la Contraloría de la LVI Legislatura local, indicó que en los municipios de Ayapango, Cocotitlán, Chalco, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Toluca, Metepec y Lerma, se registraron los mayores casos de que funcionarios públicos contrataron a sus familiares para ocupar puestos en esas administraciones.
Barrios Dávalos, aseguró que desde el inicio de las presentes administraciones se detectó que los presidentes municipales, síndicos o regidores les daban cargos a sus parientes directos para que laboraran en las alcaldías violando la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
En territorio mexiquense desde 1990 no está permitido “que contraten o promuevan a personas con quienes tengan parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado por afinidad o civil”, según lo establece el artículo 42.
De acuerdo con el contralor del Poder Legislativo es probable que en los 125 ayuntamientos del estado de México se hayan presentado casos de nepotismo, pero sólo 92 fueron denunciados.
La Contraloría de la Cámara de Diputados inició una investigación sobre las denuncias y corroboró que los ciudadanos tenían razón en sus quejas.
Victorino Barrios, explicó que se notificó a los presidentes municipales sobre las anomalías descubiertas y los procedimientos administrativos que se iniciaron.
El contralor advirtió que aquellos ayuntamientos que no solucionen las irregularidades detectadas se harán acreedores a una llamada de atención o amonestación; de no atenderlo serían sancionados económicamente e incluso como tercera opción serían inhabilitados para ocupar algún cargo en la administración pública.
vrs / gdh
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Me interesa conocer tu opinión.